El 29 de abril de 2024, la provincia de Mendoza sanciona la Ley Provincial N.º 9.525, cuyo objetivo es mejorar la salud de la población mediante la promoción de modos de vida saludables, reduciendo la incidencia de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2024, se promulgó el Decreto N.º 1.835, que reglamenta la mencionada ley. Este decreto establece importantes disposiciones específicas para su implementación.

Estas normativas provinciales avanzan de manera significativa en la adopción de políticas públicas que protegen la alimentación adecuada y la salud, complementan y regulan los componentes de la Ley Nacional N.º 27.642 que dependen de la jurisdicción, estableciendo mecanismos específicos para su aplicación en Mendoza.​ La normativa provincial contempla los objetivos de la Ley 27.642 y logra una mayor amplitud en su alce, incorporando la promoción de actividad física, descanso adecuado y salud mental.

Regula expresamente la venta y publicidad de productos con sellos en escuelas y las compras públicas destinadas a NNyA, estableciendo medidas concretas y definiendo responsabilidades claras a las diferentes autoridades de aplicación y reparticiones provinciales involucradas en la implementación. Sin embargo, la estrategia regulatoria adoptada en los artículos 7 y 10, no es suficientemente clara en cuanto a la prohibición de ofrecer productos con sellos en las escuelas.

La normativa también promueve la participación comunitaria y multisectorial. Establece la necesaria articulación entre diferentes organismos públicos, instituciones educativas y organizaciones sociales a los fines de favorecer la implementación territorial de las políticas. Ello recepta y refuerza el trabajo intersectorial que la Ley Nacional propone como principio general. Asimismo, dispone medidas concretas vinculadas a la creación de entornos escolares saludables y el desarrollo de campañas de comunicación. Se destaca la promoción a la producción y el consumo de alimentos frescos, de temporada y de producción local fortaleciendo la soberanía alimentaria y la cadena local de valor, un enfoque que complementa el objetivo nacional de mejorar la calidad de la alimentación. Finalmente, se definen criterios concretos respecto a la asignación de presupuesto, que más allá de si el mismo resultare suficiente, arroja claridad sobre los recursos disponibles y permite a la ciudadanía evaluar su adecuación o exigir una mejora.

Según los datos analizados, Mendoza muestra un avance del 78,3% siendo el 11,2% a nivel jurisdiccional y el 61,7% otorgado como base en la ley nacional. Este porcentaje refleja un progreso significativo en la adopción de políticas y normativas relacionadas con la ley PAS, particularmente con sus ejes de compras públicas, adecuación de entornos escolares y algunos mecanismos de aplicación. Entre los aspectos que aún requieren desarrollo se encuentran:​ regulación de la publicidad en otros ámbitos de jurisdicción provincial, como puntos de venta y vía pública, definición de régimen de sanciones y creación de registro de infractores.

Este avance regulatorio de la provincia demuestra un importante compromiso con los objetivos de la ley nacional 27.642, en cuanto se proponen fomentar hábitos alimentarios saludables y prevenir enfermedades relacionadas con la mala alimentación.​

Los aspectos que aún quedan pendientes de recepción normativa en la provincia indican que, si bien Mendoza ha avanzado considerablemente en la implementación de la ley, aún existen áreas claves que requieren atención para lograr una aplicación integral y efectiva de la normativa en la provincia.